Desde Censi Soluciones Inmobiliarias queremos seguir acompañándote en esta cuarentena, y compartiendo contigo las últimas medidas sobre el mercado del alquiler de vivienda que se han aprobado en el Real Decreto-ley 11/2020, que entró en vigor el pasado 31 de marzo de 2020.
Estas medidas están destinadas a las personas más vulnerables para que puedan hacer frente al pago del alquiler de su vivienda habitual (no locales). Personas que han visto reducidos sus ingresos debido a que han visto su jornada reducida, parados, empleados dentro de un ERTE's, autónomos que se declaren en situación de vulnerabilidad.
A continuación, te detallamos las nuevas medidas que se han adoptado en materia de alquiler, indicarte de antemano que cualquiera de estas medidas hace referencia únicamente a la vivienda habitual. En caso de que lo ampliasen a locales u otro tipo de inmuebles o aprobasen nuevas medidas en este sentido, te informaríamos.
PRORROGA EXTRAORDINARIA EN LOS CONTRATOS DE VIVIENDA HABITUAL:
Se acuerda la renovación de los contratos de alquiler, previa solicitud del arrendatario, que venzan desde el 2 de Abril y en los dos meses siguientes tras finalizar el estado de alarma. La prórroga será de un periodo máximo de seis meses y en ella se mantendrán los términos y condiciones del contrato en vigor.
Esta solicitud de prórroga extraordinaria deberá ser aceptada por el arrendador, salvo que se fijen otros términos o condiciones por acuerdo entre las partes.
SOLICITUD DE MORATORIA EN EL ALQUILER:
¿A quién afecta esta moratoria en el alquiler?
En el nuevo RD se establecen medidas conducentes a procurar la moratoria de la deuda arrendaticia para las personas arrendatarias de vivienda habitual en situación de vulnerabilidad económica a causa del COVID-19, y que posean un contrato en vigor suscrito al amparo de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos
Esta solicitud de moratoria debe presentarse en el plazo de 1 mes desde el 2 de abril, y podrá presentarse siempre y cuando no se hubiese llegado a un acuerdo anterior voluntario con el arrendador de moratoria o de condonación del pago.
¿Qué requisitos deben cumplir el inquilino?
Para solicitar esta moratoria, es necesario cumplir los siguientes requisitos:
Que la persona que esté obligada a pagar la renta de alquiler pase a estar en situación de desempleo, Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), o haya reducido su jornada por motivo de cuidados, en caso de ser empresario, u otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos, no alcanzando por ello el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria:
a) En el mes anterior a solicitar esta moratoria los ingresos del conjunto de la unidad familiar no pueden superar el importe de 3 veces el IPREM mensual (esto es, 1.613,52.-€ por unidad familiar).
b) Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM (53,78€) por cada hijo a cargo en la unidad familiar, y en 0,15 veces el IPREM (80,68€) en caso de unidad familiar monoparental.
c) Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM(53,78€) por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar.
d) En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el límite previsto será de cuatro veces el IPREM (2.151,36€), sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo a cargo.
e) En el caso de que el arrendatario sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65 por ciento, así como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral, el límite previsto será de cinco veces el IPREM (2.689,20€).
Que la renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.
No se entenderá que concurren los supuestos de vulnerabilidad económica a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 a los efectos de obtener moratorias o ayudas en relación con la renta arrendaticia de la vivienda habitual cuando la persona arrendataria o cualquiera de las personas que componen la unidad familiar que habita aquella sea propietaria o usufructuaria de alguna vivienda en España.
Se considerará que no concurren estas circunstancias cuando el derecho recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma y se haya obtenido por herencia o mediante transmisión mortis causa sin testamento. Se exceptuará de este requisito también a quienes, siendo titulares de una vivienda, acrediten la no disponibilidad de la misma por causa de separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte inaccesible por razón de discapacidad de su titular o de alguna de las personas que conforman la unidad de convivencia.
¿Qué beneficios podrá obtener el inquilino?
Si el arrendador es una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, entendiendo por tal la persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2:
En el caso de que no se hubiese producido un acuerdo entre el arrendador y el arrendatario previo, el arrendador comunicará expresamente al arrendatario, en el plazo máximo de 7 días laborables, su decisión, escogida entre las siguientes alternativas:
a) Una reducción del 50% de la renta arrendaticia durante el tiempo que dure el estado de alarma decretado por el Gobierno y las mensualidades siguientes si aquel plazo fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad provocada a causa del COVID-19, con un máximo en todo caso de cuatro meses.
b) Una moratoria en el pago de la renta arrendaticia que se aplicará de manera automática y que afectará al periodo de tiempo que dure el estado de alarma decretado por el Gobierno y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, si aquel plazo fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad provocada a causa del COVID-19, sin que puedan superarse, en ningún caso, los cuatro meses. Dicha renta se aplazará, a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia, mediante el fraccionamiento de las cuotas durante al menos tres años, que se contarán a partir del momento en el que se supere la situación aludida anteriormente, o a partir de la finalización del plazo de los cuatro meses antes citado, y siempre dentro del plazo a lo largo del cual continúe la vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas. La persona arrendataria no tendrá ningún tipo de penalización y las cantidades aplazadas serán devueltas a la persona arrendadora sin intereses.
Si el arrendador no es alguno de los anteriores:
En el caso de que no se hubiese producido un acuerdo entre el arrendador y el arrendatario previo, el arrendador comunicará a la arrendataria, en el plazo máximo de 7 días laborables, las condiciones de aplazamiento o de fraccionamiento aplazado de la deuda que acepta o, en su defecto, las posibles alternativas que plantea en relación con las mismas.
Si la persona física arrendadora no aceptare ningún acuerdo sobre el aplazamiento y, en cualquier caso, cuando la persona arrendataria se encuentre en la situación de Vulnerabilidad sobrevenida, se podrá tener acceso al programa de ayudas transitorias de financiación.
Estas ayudas transitorias de financiación la gestionarán los bancos, por lo que para obtener más información al respecto deberá dirigirse directamente a su entidad bancaria. Y se otorgarán a las personas que se encuentren en la referida situación de vulnerabilidad, con un plazo de devolución de hasta seis años, prorrogable excepcionalmente por otros cuatro y sin que, en ningún caso, devengue ningún tipo de gastos e intereses para el solicitante.
Las ayudas transitorias de financiación serán finalistas, debiendo dedicarse al pago de la renta del arrendamiento de vivienda y podrán cubrir un importe máximo de seis mensualidades de renta.
A estas ayudas transitorias de financiación también podrán acceder todos aquellos arrendatarios que se encuentren en situación de vulnerabilidad sobrevenida como consecuencia de la expansión del COVID-19.
¿Qué documentos deberán enviarse a fin de acreditar que se cumplen las condiciones?
La concurrencia de las circunstancias a que se acreditará ante la persona arrendadora mediante la presentación de los siguientes documentos:
a) En caso de situación legal de desempleo, mediante certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.
b) En caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.
c) Número de personas que habitan en la vivienda habitual:
I. Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho.
II. Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores.
III. Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.
d) Titularidad de los bienes: nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.
e) Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes según este real decreto-ley.
Si el solicitante de la moratoria no pudiese aportar alguno de los documentos podrá sustituirlo mediante una declaración responsable que incluya la justificación expresa de los motivos, relacionados con las consecuencias de la crisis del COVID-19, que le impiden tal aportación. Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes para la aportación de los documentos que no hubiese facilitado.
AYUDA AL ALQUILER:
¿Quién puede solicitarla?
Las personas arrendatarias de vivienda habitual que, como consecuencia del impacto económico y social del COVID-19, tengan problemas transitorios para atender al pago parcial o total del alquiler y encajen en los supuestos de vulnerabilidad económica y social sobrevenida, conforme los requisitos que se establecían en el punto anterior de: ``¿Qué requisitos deben cumplir el inquilino?´´.
Así y sin menoscabo de otras actuaciones, este programa tendrá la finalidad de hacer frente a la dificultad en la devolución de aquellas ayudas transitorias de financiación contraídas por hogares vulnerables que no se hayan recuperado de su situación de vulnerabilidad sobrevenida como consecuencia de la crisis del COVID-19 y que, por tanto, no puedan hacer frente a la devolución de dichos préstamos.
¿Qué beneficio podrá obtener el inquilino?
La cuantía de esta ayuda será de hasta 900 euros al mes y de hasta el 100% de la renta arrendaticia o, en su caso, de hasta el 100% del principal e intereses del préstamo que se haya suscrito con el que se haya satisfecho el pago de la renta de la vivienda habitual.
¿Dónde debe solicitarse?
Serán los órganos competentes de cada Comunidad Autónoma y de las Ciudades de Ceuta y de Melilla los que determinen la cuantía exacta de estas ayudas, dentro de los límites establecidos para este programa.
Esperemos que os sea de utilidad el artículo, y haya respondido a las preguntas que os podíais plantear al respecto.